PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A NO APROBAR EL IMPUESTO PROPUESTO EN EL ART. 22 DE LA LEY DE INGRESOS

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E
El 8 de septiembre próximo pasado, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Paquete Económico que contiene la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012.
El artículo 22 de la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 señala: “Las entidades federativas podrán establecer un impuesto a las ventas y servicios al público en general conforme a las disposiciones legales que para tal efecto establezcan sus legislaturas locales . . .”
Señala también que el impuesto deberá calcularse “. . . aplicando una tasa máxima del 5 por ciento a los valores de las actividades gravadas . . .”
Ante esta propuesta, me permito hacer las siguientes
CONSIDERACIONES
Que ya de por sí los diferentes sectores de la sociedad consideraron el paquete económico (en especial el Presupuesto de Egresos), como un presupuesto procíclico, que continuará afectando los niveles de crecimiento económico, inversión y empleo.
Que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estimado para el 2012 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de tan sólo el 3.5 por ciento.
Que un crecimiento económico del PIB de estas dimensiones lo único que garantiza es continuar con un lento y agónico crecimiento económico que afecta a toda la sociedad.
Que el presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal afecta al campo, la micro, pequeña y mediana empresa, la educación superior, la ciencia y la tecnología y la inversión pública en infraestructura, actividades sustantivas para las expectativas de bienestar y desarrollo social.
Que en un escenario de esta naturaleza, no es conveniente que el Gobierno Federal faculte a las Entidades Federativas a establecer una tasa impositiva de “hasta el 5 por ciento a las ventas y servicios públicos”.
Que este impuesto alentaría una competencia desleal entre las entidades federativas, toda vez que al no existir una tasa fija y general, las entidades que incrementen hasta en un 5 por ciento estarían en desventaja con las que establezcan tasas menores.
Que de existir esta desventaja propiciaría un desplazamiento inconveniente de la demanda de bienes y servicios hacia los Estados con menor gravamen, en detrimento de las economías de las entidades federativas con mayores tasas.
Que esto continuaría acentuando las desigualdades entre las entidades federativas y regiones del país.
Que en un escenario de bajo desarrollo tecnológico y competitividad, el gravamen afectaría severamente a la micro, pequeña y mediana empresa productoras o comercializadoras de bienes y servicios.
Que el sentido de eliminar el cobro a la tenencia de vehículos fue reducir la carga impositiva a los consumidores y eficientar la función administrativa de los gobiernos federal y estatales, propósitos que se neutralizarían con el impuesto que el Ejecutivo Federal propone crear en los Estados.
Que gravar las ventas del micro, pequeño y mediano establecimiento comercial o de servicios, en realidad estaría favoreciendo un traslado del impuesto al consumidor final.
Que un impuesto de esta naturaleza inevitablemente terminaría propiciando una caída del poder adquisitivo de los salarios y, por tanto, del nivel de vida de las familias mexicanas de menores ingresos.
Que un impuesto como el que se propone generaría una contracción del mercado interno, afectaría al comercio formal, alentaría el comercio informal y generaría presiones inflacionarias, contrariamente al espíritu de la política económica promovida por el Gobierno Federal.
Que un impuesto de estas características resultaría muy costoso y complicado de recaudar para los gobiernos de las Entidades Federativas.
Que en todo caso, lo que el país demanda es una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, mediante una modificación a la fórmula de distribución de los recursos participables, que para el caso significaría que el Gobierno Federal administre el 75 por ciento de estos recursos y los Estados y Municipios el 25 por ciento, algo que parece pertinente y procedente.
Que el Paquete Económico será discutido y dictaminado la próxima semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja del H. Congreso de la Unión y a más tardar el día 20 del presente mes en el Pleno.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el que suscribe, Diputado José Lauro Sánchez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20, 21 y 93 fracción II y 130 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorte a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que se pronuncie en contra y no apruebe el impuesto a que se refiere el Ejecutivo Federal en el artículo 22 de la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.
SEGUNDO.- En términos de los artículos 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 94 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito que se puedan dispensar los trámites constitucionales y reglamentarios, en razón de la urgencia notoria del presente asunto.
Atentamente
H. Puebla de Z., a 5 de octubre de 2011

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