DESAPARICIÓN O FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES LOCALES

Bajo los argumentos de que los organismos electorales estatales están controlados por los gobernadores, los partidos políticos dominantes, que los presupuestos de los organismos estatales electorales son muy pesados para las finanzas públicas nacionales, y que dichos organismos no garantizan la legalidad e imparcialidad, en el pasado mes de septiembre inició una tensa discusión respecto a su desaparición o permanencia.

Pero la discusión no es nueva, desde hace varios meses la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), realizó una propuesta con la intención de reformar la legislación federal electoral, en el sentido de desaparecer los organismos estatales electorales, y que se cree el Instituto Nacional de Elecciones (INE), para que se haga cargo de los procesos electorales federales y locales en el país.

Desde su presentación pública la propuesta recibió múltiples comentarios en diversos sentidos. Algún sector del Partido Acción Nacional la recibió con interés manifiesto, otro sector del mismo partido la vio con reservas, en el mejor de los casos la propuesta polarizó las opiniones al interior de ese partido.

Algunos  Gobernadores como el perredista Arturo Núñez de Chiapas, recibieron la propuesta con cierto interés y la sometieron a estudio dándole el beneficio de la duda.

Algunos especialistas en el tema como el ex-titular del Instituto Federal Electoral, académico, investigador, y hoy consultor en temas político electorales y de gobernabilidad José Woldemberg, de plano se ha  pronunciado a favor de la vigencia de los organismos estatales electorales.

La Conferencia Permanente del Congresos Locales (COPECOL), que reúne en un mismo foro de discusión a los Legisladores Locales de todos los partidos políticos de las entidades federativas, en su Tercera Asamblea Plenaria, celebrada los días 28, 29 y 30 de agosto del año en curso, concluyó los debates con un pronunciamiento aprobado por consenso en contra de la creación del Instituto Nacional de Elecciones, etiquetando la propuesta como eminentemente patronal, conservadora y centralista.

 

Pero la discusión ha cobrado mayor fuerza y atención sobre todo a raíz de que los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, presentaron en septiembre pasado ante el congreso de la unión, sus respectivas reformas a la Legislación Federal Electoral.

 

El tema ha despertado una gran y saludable controversia: Armando Ismael Maitret Hernández magistrado de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se ha pronunciado a favor de la permanencia de los Institutos Electorales Locales, considerando que la desaparición no es la solución a la falta de autonomía.

 

En tanto que el Presidente y Magistrados del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla Francisco Javier de Unanue y Bretón, considero la propuesta como una “concepción equivocada de la democracia”.

 

Creo que en general, los expertos y académicos se han pronunciado en contra de la propuesta de crear el Instituto Nacional de Elecciones, calificándola hasta de “retrograda” y contraria al espíritu federalista de la Constitución política de 1857.

 

Los Argumentos de quienes reprueban esta alternativa son diversos, pero la generalidad coincide en considerarla como, “un atentado contra el Federalismo y la autonomía de las entidades federativas”. Además, sostienen que analizando el presupuesto de una elección federal, y el ejercicio agregado de los organismos de las entidades Federativas, resulta ser más caro el proceso electoral centralizado que el descentralizado.

 

Otro argumento en contra de la propuesta Patronal señala, que un Código Electoral Nacional generaría un universo de inconvenientes por la diversidad de características, usos y costumbres, que integran la democracia representativa de cada entidad, sus regiones y municipios.

 

Lo cierto es que la propuesta dará mucho de qué hablar en los próximos meses o quizás años, por lo pronto las dirigencias del PAN y la COPARMEX presionaron para que la propuesta formara parte del Adendum del “Pacto Por México”, un gran logro para la Confederación Patronal aunque, se ve muy difícil que pueda prosperar para la próxima Reforma Política Electoral Federal,  a menos que el PAN aliado con el PRD la presenten como condicionante para otorgar su apoyo a la Reforma Energética.

 

Por mi parte, deseo expresar que nadie puede negar que los organismos estatales electorales están pasando por una profunda crisis de credibilidad, crisis que se refleja en cada proceso electoral, donde los organismos son cuestionados y exhibidos como apéndices gubernamentales locales, porque en el mejor de los casos son el resultado de las negociaciones partidistas en los congresos locales donde son electos los consejeros que los integran, por esa razón, la participación ciudadana en los procesos comiciales locales ha descendido, y en algunas entidades federativas  ya está por abajo del cincuenta por ciento de las listas nominales.

 

Esto ratifica que efectivamente por la falta de legitimidad y la sospecha de parcialidad de los organismos electorales, estos ya no representan efectivamente a la sociedad, sino a las fuerzas políticas partidistas o gubernamentales que los proponen y eligen, y por tanto, no son árbitros imparciales en las jornadas político-electorales de estados y municipios.

 

En tal circunstancia, es importante reconocer el grave estancamiento en el que se encuentra nuestra democracia representativa, y por tanto, considero que es urgente motivar un dialogo social amplio que nos permita encontrar las puertas de salida a un nuevo ciclo, marcado por el fortalecimiento de los organismos electorales como parte esencial en el avance de nuestra cultura democrática.

 

En tanto no se concrete esta discusión amplia creo pertinente expresar, que la defensa del federalismo, de la autonomía de la entidades federativas y municipios, dependen de la ciudadanización efectiva de los órganos electorales; de un sistema vigoroso de fiscalización del uso de recursos en las contiendas políticas locales; y de la existencia de sanciones ejemplares que generen jurisprudencias en las campañas políticas.

 

Esto es, que el fortalecimiento de los órganos electorales locales debe lograrse con la ciudadanización real, donde los consejeros electos no tengan vínculos con los partidos políticos o instancias gubernamentales, para ello la selección debe hacerse mediante convocatoria abierta, sin candados de exclusión, donde los consejeros puedan ser electos no por los congresos Locales, sino por un organismo ciudadano comprometido con la cultura política democrática.

 

Insisto, el fortalecimiento de los órganos electorales debe lograrse sustituyendo el amañado proceso de selección y elección por votación en las legislaturas locales (Grupos Parlamentarios Partidistas), donde la negociación vicia el proceso, quedando en un mero reparto de posiciones votadas por consenso, en sustitución de esta, proponemos como método un proceso de selección y elección ciudadana por insaculación.

 

Pero también es necesario fortalecer los órganos electorales locales, con autonomía presupuestal y con un fuerte sistema de fiscalización sobre la procedencia, uso de recursos y topes de campañas, para hacerlas más equitativas y que dejen de ser lo que hoy parecen ser,  subastas o tianguis de votos y votantes.

 

El fortalecimiento de los órganos electorales locales, también debe lograrse mediante el endurecimiento de las legislaciones electorales, con el propósito de tipificar los excesos de gastos y las violaciones a la ley como delitos graves y causas de nulidad de las candidaturas, solamente así, podrán erradicarse las tentaciones de candidatos pragmáticos, que en su búsqueda voraz de poder atropellan todo propósito de consolidación de una cultura democrática de calidad para nuestro país, para las entidades federativas y municipios.

 

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