A propósito de “Primero los Pobres”

Recientemente en México reinició un legendario y siempre vigente debate nacional relacionado con el combate a la pobreza, y aunque los gobiernos anteriores han contado con programas bien diseñados y permanentes cuyos resultados fueron evaluados positivamente por agencias internacionales, no alcanzaron el nivel de eficacia que se requiere para terminar con éste persistente flagelo.

El cambio en los programas de política social y económica realizados por el actual gobierno federal, han propiciado que se agraven los pronósticos de expansión de la pobreza hasta en diez millones más para finales del presente sexenio (CONEVAL), una circunstancia indeseable que reanima el debate con especial preocupación para todos los mexicanos, en la discusión del tema podemos encontrar al menos tres posiciones políticas que a continuación me permito señalar:

En primer término está la política claramente asistencial del Presidente de la República, integrada por varias líneas de acción: el Programa Nacional de Becas, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa de Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad y Programa de Adultos Mayores, entre otros.

La segunda posición la expresó el Diputado Federal con licencia Alfonso Ramírez Cuellar, hoy Presidente Interino del Partido MORENA, en ella plantea que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), obtenga información patrimonial y financiera de los deciles de población de mayores ingresos para que, según dijo, estos ciudadanos aporten más dinero que vía gubernamental, sea transferido a los deciles de población de menores ingresos.

La tercera postura la expresó el pasado 16 de mayo el Legislador Federal Porfirio Muñoz Ledo, quien confirmó que 137 Legisladores de distintos grupos parlamentarios, con excepción del Partido del Presidente, MORENA, hicieron un exhorto al Ejecutivo Federal para que se establezca el “Ingreso Mínimo Vital”, en el que se fusionen todos los programas sociales del actual gobierno en un padrón universal.

A continuación expreso mi  opinión respecto a cada una de estas propuestas, y al final un planteamiento de política pública.

La primera propuesta que está en marcha por parte del Gobierno de la República, es una política social sin diseño estadístico, no tiene padrones a la vista, requiere una cantidad creciente de recursos que son manejados de forma discrecional, y no cuenta con mecanismos para medir su éxito o fracaso.

Estamos ante una política social insostenible por una economía nacional ya muy debilitada: con una fuerte caída de los ingresos petroleros, con decrecimiento en los niveles de inversión; con cuantiosos subsidios a un sector energético obsoleto, con ingresos fiscales que apuntan a la baja, un desempleo galopante y sin una política económica diseñada para estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); estamos frente a un escenario que vislumbra el fracaso de la política social y la banca rota del país.

La segunda propuesta, la que planteó Alfonso Ramírez Cuellar, también me parece inviable; primero porque tira por la borda todo lo que los Mexicanos hemos avanzado en materia de protección de datos personales, segundo porque sería darle funciones fiscales al INEGI y esto alterará su naturaleza técnica e informática, y en tercer lugar, porque una política social con éste perfil implicaría empobrecer a la población de mayores ingresos, para tratar de cerrar la brecha con un proceso de empobrecimiento generalizado, es como plantear que para evitar diferencias socioeconómicas mejor todos pobres, me parece que éste es un planteamiento simplista y somero en materia de políticas públicas, que por fortuna ya fue calificado por los propios integrantes de MORENA como de equivocado e improcedente, y que en mi opinión no merece mayores comentarios.

La tercera postura me parece que es más congruente con nuestras necesidades estratégicas nacionales, es una propuesta que ya fue planteada por especialistas e intelectuales en países como Alemania y Holanda, donde el problema de pauperización no es tan grave como en México, pero que valdría la pena estudiar y retomar con una  buena adaptación, siempre y cuando la podamos vincular con otras materias del desarrollo humano como: educación, salud y bienestar patrimonial.

En lo personal me parece que deberíamos discutir ésta tercera propuesta, con la intención de instaurar la “renta mínima de subsistencia”, o “renta nacional”, como se le quiera llamar, pero no con la sencillez con que fue planteada por el Legislador Muñoz Ledo, hay que dotar la medida de una agenda integral con distintos mecanismos, para que podamos llegar a donde deseamos “combatir y erradicar la pobreza en el país”, y como propuesta para la discusión planteo los siguientes puntos:

Primero.- Que el programa sea diseñado y operado por un organismo que tenga las mismas características jurídicas, técnicas y ciudadanas que el Instituto Nacional Electoral (INE), o el INEGI, y que para tales efectos deberá de crearse por mandato constitucional. Está demostrado que el gobierno en turno y sus partidos políticos no pueden combatir la pobreza, porque no resisten las tentaciones político-electorales.

Segunda.- Que sea un programa diseñado matemática, estadística y culturalmente con toda la información disponible en el INEGI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y alguna otra dependencia u organización Federal, Estatal, Municipal y Social que dispongan de información útil para éste propósito.

Tercera.- Que el nuevo programa concentre los recursos de todos los programas federales, de los Estados y Municipios, en caso de que estos últimos dispongan de algún presupuesto. Debe de ser un programa maestro único.

Cuarto.- Que se elabore un padrón de cobertura universal, incluyente y equitativo en función de las características socioeconómicas de cada familia objetivo.

Quinto.- Que sea un padrón con reglas de operación muy claras, transparentes, con indicadores precisos para la evaluación de su desempeño, que refleje la progresividad de cada uno de los objetivos comunitarios socioeconómicos. 

Sexto.- Que cada objetivo social esté necesariamente vinculado a los programas de Salud, que garanticen la atención, medicamentos gratuitos de calidad y que incluya criterios para la planificación familiar.

Séptimo.- Que cada familia objetivo esté necesariamente vinculada a los programas de educación: para abatir el rezago educativo, cumplir con la educación básica, el acceso a la educación media superior y superior. Se trata de garantizar la educación terminal, sobre todo, la que se refiere al mejoramiento de capacidades y competencias laborales y de emprendimiento.

Octavo.- Que sea un programa implementado geográficamente por entidades federativas y Municipios, para corresponsabilizar a estos niveles de gobierno en la operatividad y evaluación de los resultados.

Noveno.- Que se cree por mandato Constitucional un organismo ciudadano conformado por: universidades, organizaciones ciudadanas especializadas y órdenes de gobierno, para el seguimiento y evaluación del mismo.

Décimo.- Que la política social tenga como marco de soporte general una agenda de productividad, competitividad, desarrollo humano y sustentabilidad orientada al crecimiento económico.

Si de verdad se tienen las mejores intenciones para combatir la pobreza en el país, éste es el momento más oportuno para abordar el tema de manera seria y responsable, y tiene razón el presidente “primero los pobres”, pero si le vamos a entrar al tema que sea con herramientas técnicas y sin matices ideológicos, ya no es posible continuar lucrando electoralmente con el destino del país y el bienestar de millones de mexicanos.

J. Lauro Sánchez López

J. Lauro Sánchez López

Lic. en Economía y Filosofía, Puebla, Mex.

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